La Organización de las Naciones Unidas conmemora cada 26 de junio el Día Mundial de la Lucha contra el Tráfico de Drogas. En nuestro país esta lucha, también conocida como “guerra contra las drogas”, ha producido más de 100,000 desaparecidos, 74 homicidios diarios, miles de huérfanos y huérfanas, millones de personas desplazadas por la violencia y miles más encarceladas por delitos fabricados o bien por vender pequeñas cantidades de drogas para garantizar la sobrevivencia de sus familias.

En respuesta a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Tráfico de Drogas, organizaciones de la sociedad civil crearon la campaña #ApoyeNoCastigue, una campaña global para promover mejores políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos. En particular, la campaña busca movilizar a la opinión pública sobre la necesidad de tener una política nacional de reducción de riesgos y daños, que en lugar de castigar y encerrar a las personas usuarias de sustancias les brinde información, atención y servicios de salud públicos, de calidad y basados en el respeto a los derechos humanos. Por eso decimos, #ApoyeNoCastigue.

Este 25 de junio, las organizaciones civiles Aguascannabis, Circulo Feminista de Análisis Jurídico y el Programa de Política de Drogas del CIDE Región Centro, llevaremos a cabo el primer festival #ApoyeNoCastigue en Aguascalientes. Las actividades iniciarán a las 17 horas en el Patio de las Jacarandas, en el centro de la ciudad. Tendremos la música de Mar Vela, un taller sobre primeros auxilios jurídicos en caso de detenciones por posesión simple y un taller sobre cómo reducir riesgos asociados al uso de cristal. Así mismo, pondremos un tendedero para visibilizar las historias de personas usuarias de sustancias cuyos derechos fundamentales han sido violentados a causa de la guerra contra las drogas. El objetivo de las actividades es sensibilizar a la comunidad sobre cómo la guerra contra las drogas es una guerra contra las personas pobres y racializadas, y que necesitamos una aproximación distinta frente a este fenómeno.

En México, si bien la reciente reforma a La Ley General de Salud prohíbe los internamientos involuntarios, aún no existen mecanismos legales para que las personas internadas en contra de su voluntad en centros de tratamiento no gubernamentales puedan ser liberadas. En muchos de estos centros se cometen graves violaciones a los derechos humanos sin que las autoridades implementen acciones para evitar dichas violaciones, para sancionar a los responsables, ni para reparar los daños.

A nivel oficial no se promueven modalidades de tratamiento distintos al internamiento de las personas usuarias, aún cuando la norma oficial para la prevención, tratamiento y control de las adicciones estipula que el internamiento sólo debe considerarse en casos extremos. Es necesario aumentar la oferta de tratamiento, considerando que la abstinencia no puede ser la única meta posible, pues miles de personas usuarias no quieren o no pueden dejar de consumir sustancias psicoactivas y no por ello sus consumos les deben costar la vida. Necesitamos que el gobierno federal y los gobiernos locales inviertan en proyectos y programas de reducción de riesgos y daños en las comunidades con mayores niveles de consumo. Las personas usuarias necesitan información y acercamiento a los servicios públicos de salud. Necesitamos educación sobre drogas en las escuelas para que las y los jóvenes desarrollen las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas frente a las sustancias a las que están expuestos en sus entornos inmediatos.

Adicionalmente, en México la posesión simple de ciertas sustancias ilegalizadas sigue siendo el principal delito por el cual millones de jóvenes pobres van a prisión. Necesitamos eliminar el delito de posesión simple del código penal. Mientras este delito exista, las personas usuarias de sustancias, en particular aquellas que viven en contextos precarizados, seguirán siendo objeto de criminalización, de persecución y abuso policial, con nefastas consecuencias para su desarrollo como ciudadanos. En 2021 había 4,938 personas detenidas en el fuero común y 1,043 detenidas en el fuero federal por el delito de posesión simple, de ellas el 55% y el 36%, respectivamente, estaba sin sentencia.

Finalmente, en México la narrativa oficial frente a las personas que usan sustancias se ha basado en la lógica de la estigmatización y la criminalización, como bien se aprecia en la campaña “En las drogas no hay un final feliz”. Esta campaña, lejos de informar, se centra en desacreditar a las personas usuarias, homogenizando el universo diverso de usuarios. La estigmatización limita el goce de derechos y favorece la discriminación. Las personas usuarias tienen derecho a la educación, al trabajo, a la libre movilidad, a la justicia, a la salud. Sin embargo, estos derechos son diariamente vulnerados por el estigma que recae sobre ellos. Ante ello decimos: somos ciudadanos, no enfermos ni criminales.