San José, Costa Rica, 29 de octubre del 2020.- La Corte Interamericana celebrará entre el 2 y el 26 de noviembre de 2020 su 138 Período Ordinario de Sesiones.
La Corte sesionará en forma virtual. Durante la sesión, se celebrarán audiencias públicas de casos en estudio por la Corte, asimismo deliberará Sentencias y la Opinión Consultiva sobre Obligaciones en materia de Derechos Humanos de un Estado que ha denunciado la Convención Americana y la Carta de la OEA, conocerá diversos asuntos relacionados con medidas de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia y Medidas Provisionales, y tratará diferentes asuntos administrativos.
Se informará regularmente respecto al desarrollo de las actividades de este 138 Período Ordinario de Sesiones.
- Deliberación de Opinión Consultiva sobre Obligaciones en materia de Derechos Humanos de un Estado que ha denunciado la Convención Americana y la Carta de la OEA.
La Corte deliberará sobre la Solicitud de Opinión Consultiva sobre Obligaciones en materia de Derechos Humanos de un Estado que ha denunciado la Convención Americana, presentada por Colombia.
El objeto de la Solicitud es obtener una interpretación por parte de la Corte IDH sobre tres aspectos en general:
- El alcance de las obligaciones internacionales que en materia de protección y promoción del derecho humano tiene un Estado miembro de la OEA que ha denunciado la Convención Americana;
- Los efectos que sobre dichas obligaciones tiene el hecho de que dicho Estado, más adelante, tome la medida extrema de denunciar del instrumento constitutivo de la Organización regional y busque retirarse efectivamente de la misma; y
- Los mecanismos de que disponen, de un lado la comunidad internacional y, en particular, los Estados miembros de la OEA, para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones y hacerlas efectivas, y del otro los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado denunciante, para exigir la protección de sus derechos humanos, cuando se presenta un cuadro de violaciones graves y sistemáticas de los mismos.
Puede conocer más sobre la Solicitud de Opinión Consultiva aquí.
- Sentencias
La Corte deliberará sobre los siguientes casos contenciosos:
- Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela
El caso se relaciona con la presunta violación a los derechos a la vida y a la integridad personal de los señores Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Rinaldi Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, personas privadas de libertad en la Cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela, quienes habrían sido ejecutados extrajudicialmente. Dichas ejecuciones presuntamente habrían sido llevadas a cabo por miembros de la Guardia Nacional el 10 de noviembre de 2003, ocasión en la que también habrían resultado heridas otras 27 personas privadas de libertad. Se argumenta que el uso de fuerza habría sido ilegítimo y que el Estado no habría brindado una explicación satisfactoria sobre las muertes y lesiones ocurridas.
Además, se alegó violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, pues la investigación no habría sido exhaustiva, las autopsias llevadas a cabo no serían compatibles con los estándares internacionales aplicables, no se habría analizado el contexto de las muertes y la investigación de los hechos, la cual continúa pendiente, no se habría llevado a cabo en un plazo razonable. También se aduce que la violación al derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las presuntas víctimas ejecutadas por el sufrimiento y angustia ocasionados por la pérdida de sus seres queridos, y la ausencia de verdad y justicia.
Puede conocer más sobre el caso aquí.
- Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela
El caso se relaciona con una alegada violación a los derechos a la vida y a la integridad de José Gregorio Mota Abarullo y otras víctimas mortales, en relación con las obligaciones de niñez, en vista de su incumplimiento del deber de prevención y del sufrimiento causado por la muerte a causa de asfixia, sofocación y quemaduras. A este respecto, se alegan una serie de elementos que ponen de manifiesto la falta de una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas en el Instituto Nacional de Atención a Menor (INAM) San Félix, lo cual se ve reflejado en las condiciones de vida dentro de dicho Centro al momento de los hechos, en particular, el hacinamiento y las falencias en la infraestructura. Se argumenta que, si bien las víctimas mortales ya habían cumplido 18 años de edad al momento del incendio, las circunstancias que posibilitaron su muerte, fueron el resultado de una falta de medidas especiales y suficientes de protección para garantizar la vida integridad personal y condiciones de dignidad a favor de todos los adolescentes internos del INAM-San Félix.
Además, se arguye que se configuró una clara violación al plazo razonable, dado que han pasado más de 13 años desde la muerte de las víctimas y 12 desde la imputación de los presuntos responsables en 2006 y los hechos permanecen en la impunidad.
Puede conocer más sobre el caso aquí.
- Caso Almeida Vs. Argentina1
El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Argentina por la presunta falta de indemnización del señor Rufino Jorge Almeida por el tiempo que habría permanecido bajo un régimen similar al de libertad vigilada («libertad vigilada de facto») durante la dictadura cívico-militar.
Se alega que el señor Almeida fue secuestrado el 5 de junio de 1978 por integrantes de las Fuerzas Armadas y detenido ilegalmente por 54 días en el centro clandestino de detención «El Banco», donde fue torturado. Luego de su liberación, se argumenta que fue sometido a una libertad vigilada de facto hasta el 30 de abril de 1983. En 1995, el señor Almeida presentó una demanda administrativa por dichos hechos bajo la Ley No. 24.043 que otorgaba beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional o detenidas en virtud de actos emanados de tribunales militares durante la dictadura.
Puede conocer más sobre el caso aquí.
- Caso Casa Nina Vs. Perú
El caso se relaciona con una serie de presuntas violaciones ocurridas en el marco del procedimiento que culminó con la separación del señor Julio Casa Nina del cargo de Fiscal Adjunto Provisional de la Segunda Fiscalía Penal de la Provincia de Huamanga, Ayacucho, Perú. Se argumentó violación a los derechos a ser oído, de defensa y al principio de legalidad, agregando que el nombramiento de la presunta víctima sin plazo o condición, limitado a una invocación genérica de las necesidades del servicio, resultó incompatible con las garantías de estabilidad reforzada que deben proteger a fiscales para ser separados de sus cargos; asimismo, se adujo que, al ser cesada del cargo, la presunta víctima no contó con un procedimiento que cumpliera con las garantías mínimas compatibles con el derecho de defensa.
Puede conocer más sobre el caso aquí.
- Audiencias Públicas de casos contenciosos
La Corte celebrará, de manera virtual, las siguientes audiencias públicas de los siguientes casos contenciosos:
- Caso Hernández y otros Vs. Honduras
El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la alegada ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, mujer transexual y defensora de derechos humanos, entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, mientras estaba vigente un toque de queda. Se alega que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes. Por una parte, el presunto contexto de violencia y discriminación contra personas LGBT en Honduras con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y, por otra, el presunto contexto del golpe de Estado ocurrido en el año 2009.
Puede conocer más sobre el caso aquí.
- Caso Guachalá Chimbó y otros Vs. Ecuador2
El caso se relaciona con la presunta desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbó, persona con discapacidad mental, en enero de 2004, mientras se encontraba presuntamente en un centro público de salud mental en la ciudad de Quito, Ecuador. Se alega que el Estado vulneró el derecho a la capacidad jurídica (como componente del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, entre otros derechos) de la presunta víctima al institucionalizarla en un centro de salud mental sin su consentimiento informado. Por los mismos motivos, se argumenta que el internamiento del señor Guachalá constituyó una privación de libertad arbitraria incompatible con la Convención Americana y una forma de discriminación por su condición de discapacidad.
Puede conocer más sobre el caso aquí.
Las audiencias públicas serán transmitidas por las redes sociales de la Corte Interamericana.
- Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, Medidas Provisionales, así como de cuestiones administrativas
Asimismo, la Corte supervisará el cumplimiento de diversas Sentencias e implementación de las Medidas Provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como tramitación de casos, Medidas Provisionales y Opiniones Consultivas. También verá diversos asuntos de carácter administrativo.
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