• Nos parece inaceptable que aprovechándose de la preocupación y angustia social, diversos actores políticos pretendan restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político.
• Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos han instrumentado políticas públicas restrictivas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito.
• Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas y la violación  paulatina de los derechos humanos.

Las organizaciones parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) expresamos nuestra preocupación por las medidas de excepcionalidad que se están instrumentando actualmente en estados como Michoacán, Morelos, Sonora, Jalisco, Yucatán, Coahuila, Nuevo León,  Tamaulipas y Veracruz. De la misma forma junto con un conjunto de personas y organizaciones expresamos nuestra preocupación ante la iniciativa que retiró la diputada Lorenia Valles para crear un mecanismo legislativo para suplir a los plenos de las cámaras del Congreso[1].

Nos parece inaceptable que aprovechándose de la enorme preocupación social, diversos actores políticos pretendan restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político.La emergencia sanitaria en curso ha sido generada por la pandemia declarada por la enfermedad Covid-19 producida por el virus SARS-CoV-2.

En el caso de México si bien desde antes del 27 de febrero, fecha en que se presentó el primer caso, se habían anunciado diversas medidas en la lógica de la prevención, las acciones más decididas por parte del Estado se dieron a partir de esa fecha, especialmente a partir de la declaratoria formal de Emergencia Sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General el lunes 30 de marzo de 2020.Ya el 15 de abril, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios emitía un pronunciamiento[2] donde denunciaba la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por los gobernadores de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en relación con la imposición de multas, retenes, toques de queda, limitación a los derechos de libre tránsito y uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social promovidas por la Federación.

De la misma forma el 18 de abril el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció[3] la ineficacia de las medidas de prevención en los centros penitenciarios de Jalisco en relación al Covid-19.Hemos podido documentar a través de medios de comunicación y páginas web oficiales de los estados  que Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán han instrumentado políticas públicas restrictivas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito.

Como señalamos en un comunicado específico[4] que emitimos para el caso de Michoacán exceden sus facultades legales. En términos generales podríamos señalar que las disposiciones restrictivas de derechos a que aludimos carecen de fundamentación y motivación. Omiten lo establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el capítulo Décimo de la Ley General de Salud. Esto da pie a crear marcos normativos  que favorecen la violación de derechos humanos.Es importante precisar que 17 procedimientos especiales de la ONU emitieron un comunicado[5] el 16 de abril para señalar que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos.

No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos”.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que “el Estado que pretenda imponer una restricción de este tipo tiene la carga de probar que la misma satisface el principio de legalidad, que es idónea para alcanzar este fin, no existiendo medios menos lesivos para alcanzarla y que la afectación ocasionada no resulta más perjudicial para el derecho que sea afectado que el beneficio obtenido”.[6]En este sentido, destaca la malograda iniciativa de la Diputada Federal Lorenia Valles[7] como un Intento de otorgar facultades extraconstitucionales a las cúpulas del congreso para crear los plenos de urgencia como mecanismo extraordinario para aprobar ordenamientos de manera transitoria, incluyendo reformas constitucionales tan sólo con el concurso de las juntas de coordinación política de ambas cámaras. Si bien la iniciativa fue retirada muestra  el interés de algunos actores políticos para crear mecanismos que eventualmente pudieran derivar en acciones autoritarias que lesionaran gravemente nuestra democracia y pusieran en riesgo la vigencia de los derechos humanos ante un contexto como el actual.En una situación inédita a nivel global, estamos claros del enorme reto que representan la pandemia y los espacios de oportunidad que abre a los autoritarismos e ilegalidades.

Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas, la permisibilidad de la represión y la conculcación paulatina de los derechos que hemos ganado a lo largo de la historia. Como organizaciones continuaremos en nuestro acompañamiento a los más necesitados, sin cejar en la crítica a las acciones violatorias de derechos humanos desde los estados y otros espacios de poder. ¡No a la mano dura!