• Inconstitucional que gobierno estatal pretenda restringir DDHH. Varias de las medidas anunciadas el 20 de abril exceden sus facultades legales.
• Medidas suponen grave riesgo para pueblos originarios, que han denunciado constantes agresiones por parte del gobierno estatal, de manera particular las perpetradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
• Plan alimentario para proteger a los más vulnerables, sin garantías de equidad en su implementación y excluye a pueblos originarios, lo cual les vulnerabiliza.

La Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) desean expresar de manera categórica su preocupación por las medidas decretadas el pasado 20 de abril de 2020 por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Consideramos que éstas contravienen derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, además de promover actos de coerción para sembrar miedo, justificándose en una política pública de cuidado. De la misma manera nos parece inaceptable la exclusión de los pueblos originarios de la dimensión alimentaria de estas medidas.

El pasado 20 de abril de 2020, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto Por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19)^[1]. Al entrar en vigencia, el gobernador pidió confianza a la sociedad civil y asumió la responsabilidad de cuidar la vida de las personas en el estado.

Este llamado contrasta con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos originarios de Michoacán. Al interior del estado, las comunidades han denunciado de manera reiterada abusos de autoridad, falta de acceso a la justicia y violaciones a los derechos humanos, en las que participan sistemáticamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública –Policía Michoacán o policía municipal–.

No se puede apelar al cuidado de la vida, cuando en medio de una contingencia sanitaria como la que vivimos, el gobernador manifiesta públicamente que no es momento de libertades individuales^[2], generalizando medidas sin considerar un enfoque diferenciado y adecuado a las necesidades específicas de los diversos grupos que integran nuestra sociedad y de manera especial las de los pueblos originarios.Con la emisión del decreto, el gobernador excede el uso de sus facultades, ya que es competencia exclusiva del Presidente de la República – con la aprobación del Congreso de la Unión – restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales; por lo que resulta inconstitucional que el gobierno estatal pretenda restringir derechos humanos.

Ante esta circunstancia, es necesario dar seguimiento a los actos de autoridad que limiten el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión y el de libre tránsito.En Michoacán que tiene altos índices de impunidad, debe evitarse a toda costa generar situaciones en las que se corra el riesgo de que la autoridad realice detenciones arbitrarias, sin el respeto a garantías básicas que permitan a las personas asegurar sus derechos y acceder a un debido proceso.

En relación con las sanciones señaladas en el decreto, además de su arbitrariedad, debe advertirse la falta de información sobre los sitios específicos en los que se encuentran los denominados Centros de Confinamiento, así como de las condiciones reales de su infraestructura. Subrayamos el peligro que conlleva recluir a personas en este período de pandemia, así como la aplicación de multas desproporcionadas cuando la mayoría de la población requiere del ingreso diario para cubrir sus necesidades básicas.

Es inaceptable que, en el Plan alimentario para proteger a los más vulnerables, anunciado por el gobierno estatal, se deje de prever, entre los beneficiarios directos, a las personas de los pueblos originarios del estado; aspecto que transgrede los derechos que protegen a esta población. A ello se suma la falta de transparencia e información respecto de la conformación de los Comités Alimentarios estatal y regionales, así como de sus reglas de operación y de los procedimientos que dichos comités implementarán para entregar los apoyos anunciados por el gobernador.

Otro elemento preocupante y fuera de lugar en el anuncio de las medidas es la asignación de las fuerzas de seguridad pública estatales para cumplir con lo establecido en el Plan alimentario, el reparto de apoyos económicos y despensas, a la vez que se les otorga la facultad de coercionar a la población para el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto.

Esta situación, de por sí irregular, se agrava en las comunidades donde estas mismas fuerzas de seguridad pública han sido señaladas como responsables de detenciones arbitrarias, actos de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.

Ante lo expuesto, exigimos al gobernador Silvano Aureoles que se conduzca dentro del marco de sus atribuciones y respete los derechos humanos; que otorgue medidas de protección especial en los casos de las comunidades que han denunciado agresiones por parte de agentes de seguridad pública; así como la garantía a los derechos a la salud y a la alimentación de los pueblos originarios de Michoacán.

De igual forma, hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos autónomos encargados de velar por los derechos humanos, a los medios libres y alternativos, así como a la sociedad en general para que se pronuncien y exijan al gobierno del estado la máxima protección de la población, especialmente de los pueblos originarios que han denunciado la sistemática violación de sus derechos por el poder ejecutivo y las fuerzas de seguridad pública de nuestro estado.