El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México. 

Descripción de la situación: El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDH Tlachinollan) sobre actos de intimidación y amenazas recientes contra un periodista y contra integrantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), que representa y acompaña a familiares de personas desaparecidas, y a familias víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero[1]. 

Según la información recibida, el 13 de abril de 2020 el Sr. Manuel Olivares, director del Centro Morelos, y el periodista Ezquiel Flores fueron amenazados por el grupo de civiles armados Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), mediante una publicación en su página de Facebook en la que se anunciaba la instrucción de detenerlos para “someterlos a un proceso de reeducación basado en usos y costumbres”.

En esta misma publicación, el FUPCEG amenazaba de muerte a todos los miembros del Centro Morelos, así como a todas las personas desplazadas a las que acompañan, indicando que serían “perseguidos y exterminados por nuestras fuerzas de élite” por su supuesta vinculación con un grupo criminal[2]. 

El 6 de febrero de 2020, la Sra. Teodomira Rosales, abogada e integrante del Centro Morelos, recibió una serie de llamadas amenazantes por parte del teniente Badillo, miembro de la Guardia Nacional, quien le exigía una lista con los nombres de las familias desplazadas a las que representaba la Sra. Rosales.

Estas llamadas se produjeron tras una reunión celebrada el mismo día entre las familias desplazadas y el teniente Badillo en la cabecera municipal de Chichihualco, Guerrero, en las que se tenía que realizar el registro de las personas desplazadas, en el marco de los acuerdos por un retorno seguro con el gobierno federal. Sin embargo, las víctimas del desplazamiento se negaron a llevar a cabo el registro tras identificar que miembros del Ejército que acompañaban al teniente Badillo mantenían relaciones directas con un grupo de civiles armados que actuaba en sus comunidades. 

Anteriormente, el 28 de diciembre de 2019, la Sra. Rosales había recibido amenazas y ataques a su integridad física por parte de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, mientras realizaba, junto con otros miembros del Centro Morelos, un acompañamiento en una reunión entre la Guardia Nacional y las familias desplazadas.

La Sra. Rosales fue golpeada, apuntada con un arma y agredida sexualmente en un cacheo abusivo en el que le realizaron tocamientos y la obligaron a quitarse los pantalones. A los miembros del Centro Morelos se les requisó de manera ilegal documentación sobre las personas a las que representan, así como computadoras, celulares y dinero.

Los hechos fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, pero el caso fue desestimado. Según la misma información, desde el inicio de su acompañamiento a las familias de desplazados de Leonardo Bravo, los integrantes del Centro Morelos han sido vigilados ilegalmente de manera reiterada por parte de funcionarios del Ejército, mediante identificación de sus domicilios particulares, seguimiento al lugar de trabajo y en sus acompañamientos. 

El Observatorio expresa su profunda preocupación por la escalada en los ataques y amenazas de muerte recibidas por los miembros del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón por su trabajo legítimo en la defensa de los derechos humanos, y teme por la integridad física y personal del Sr. Olivares y la Sra. Rosales. 

Por este motivo, el Observatorio insta con urgencia a las autoridades mexicanas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección, seguridad e integridad física y psicológica de la Sra. Teodomira Rosales, el Sr. Manuel Olivares, el Sr. Ezequiel Flores, así como las de todos los integrantes del Centro Morelos, y  a realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte contra los miembros del Centro Morelos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley. 

Asimismo, el Observatorio reitera su preocupación por el contexto adverso en el cual las personas que defienden los derechos humanos realizan su labor en México y, particularmente en el Estado de Guerrero. 

Acción solicitada: Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a: 

i. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Teodomira Rosales, del Sr. Manuel Olivares, del Sr. Ezequiel Flores, así como la de todas las personas defensoras en Guerrero y en el resto de México; 

ii. Realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte mencionadas arriba con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley; 

iii. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público tanto por parte de las autoridades del Estado de Guerrero como a nivel federal, sobre la legitimidad de las personas que defienden derechos humanos en México; 

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998; v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.